El dictamen del TSJE en el caso Cadbury-Schweppes de diciembre de 2006 ha generado en los estados miembros de la UE una corriente legislativa para adaptar los regímenes de transparencia fiscal internacional o controlled foreign companies (CFC), o, de forma explícita, la posibilidad de atribuir a sujetos pasivos residentes determinadas rentas de entidades de no residentes controladas por el sujeto pasivo, en especial, cuando las rentas dicha entidad no residente no provienen de actividades empresariales, y el tipo de gravamen aplicable en su territorio de residencia es sustancialmente inferior al que se correspondería en el Estado de residencia del sujeto pasivo.  El régimen CFC ha venido siendo una de las herramientas antiabuso más habituales en la lucha de los territorios de alta tributación, contra la fuga de capitales por la competencia fiscal de los paraísos fiscales y los territorios de baja tributación.

En España, el texto refundido de la ley del Impuesto de Sociedades recoge en su artículo 107, el régimen de transparencia fiscal internacional, según el cual, los sujetos pasivos incluirán en su base imponible las rentas pasivas (titularidad de bienes inmuebles, participación en fondos propios o cesión de capitales propios a terceros, incluyendo las plusvalías en la transmisión de dichos bienes y derechos, o actividades financieras) realizadas por aquellas entidades no residentes, bajo control del sujeto pasivo (entendiendo como tal un 50% o más de participación en capital, resultados o derechos de voto) cuyo tipo efectivo de gravamen, en el Estado donde tribute por dichas rentas, sea inferior en un 75% al tipo que correspondería en España. Existen algunas excepciones, muy definidas, según el tipo de renta obtenido por la entidad no residente, y cuando la participación del sujeto pasivo supera el 5%

El Reino Unido recoge sus leyes CFC en el ICTA 1988, s.747 y Schs 24, 25 y 26 en términos similares a la legislación española, aunque tiene algunas diferencias notables, como la consideración de CFC para partnerships y joint ventures no residentes cuando un residente británico ostenta un control superior al 40% de los resultados o derechos de voto, y ningún otro socio ostenta un porcentaje del 55% o superior; diferencias como una lista de países (SI 1998/3081) total o parcialmente excluidos del régimen de CFC; y especialmente, un régimen de exenciones más amplio y más flexible que el existente en la legislación española, incluyendo que la entidad no residente cotice en un mercado oficial, o que las rentas de la entidad no residente sean inferiores a 50.000 GBP anuales, o que la gestión y control efectivo de la filial o EP tengan lugar en dicho territorio, y que realice principalmente actividades empresariales, o el test de motivos, en otras palabras, el análisis por parte de la administración tributaria británica de si existen razones sustanciales para la creación de la filial o establecimiento permanente no residente, aparte del ahorro fiscal.

En el caso Cadbury-Schweppes, la agencia tributaria del Reino Unido se enfrentó a la multinacional por el traslado de determinados recursos para prestación de servicios financieros intragrupo hacia dos filiales en Irlanda, con la pretensión de hacer efectivo el régimen de transparencia fiscal internacional, al ser el tipo efectivo de impuesto de sociedades en Irlanda inferior en más de un 75% al tipo aplicable en el Reino Unido. El tribunal se pronunció a favor de Cadbury-Schweppes, según el principio de libertad de establecimiento del artículo 43 del Tratado de Roma. En otras palabras, que el régimen de transparencia fiscal no es aplicable en el ámbito de la Unión Europea. Pero con un límite, el abuso de derecho. La decisión empresarial de crear una filial o un establecimiento permanente (EP) en otro Estado miembro no debe motivarse exclusivamente en el ahorro fiscal. Deben existir razones económicas o empresariales, y los recursos financieros, humanos y técnicos deben ser adecuados para los objetivos de la filial o EP, y razonables respecto al resultado alcanzado. El abuso de derecho, se convierte, por tanto, en el límite intra-europeo contra el Treaty Shopping y las sociedades de conveniencia, en ausencia del régimen de transparencia fiscal internacional en el ámbito comunitario.

Este criterio lo recoge la Ley General Tributaria española (Ley 58/2003) en su artículo 15, Conflicto en la Aplicación de Norma Tributaria, cuando se refiere a la realización de actos o negocios que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado, y de cuya utilización no se deriven efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieren obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

La mayoría de Estados miembros han adaptado sus legislaciones para excluir el régimen de transparencia fiscal en la UE, pero pocos países han considerado excluir a territorios miembros de la Unión con los cuales no mantienen tratados de intercambio de información fiscal o con consideración de paraíso fiscal, y aun menos países, como Reino Unido y Alemania, y con planteamientos diferentes, han detallado el concepto de abuso del derecho de establecimiento en la UE, lo que vaticina futuros problemas en los tribunales europeos.

Mientras España no ha emitido legislación específica, el Reino Unido requiere que la filial o establecimiento permanente en otro estado miembro cuente con un lugar físico de negocio, y que cuente con personas bajo régimen de trabajo por cuenta ajena, pero se reserva el derecho a aplicar el régimen de transparencia fiscal a aquellos rendimientos excesivos de la filial. Alemania requiere que la filial realice actividades económicas, que tenga medios humanos, materiales y humanos adecuados, pero limita la exclusión del régimen de transparencia fiscal internacional a los rendimientos individuales de la filial, y no a otras entidades del grupo. Si los rendimientos de la filial proceden de entidades del grupo, estas entidades deben recibir una utilidad o valor añadido a cambio, y disponer de una capitalización adecuada.

Por ello, es previsible que tengamos en un futuro próximo nuevos dictámenes o sentencias del TSJE en relación a una delimitación más clara de qué se considera abuso de derecho de establecimiento en la Unión Europea, respecto a la planificación fiscal.

I am working on a spreadsheet including all the countries and territories member of the United Nations, both in columns and rows, in order to produce a grid of double tax treaties available worldwide. In my opinion, the double tax grid (DTG) could be a quite useful reference tool. I may include some basic information about the treaty in the cells (as indication of model of treaty, whether OECD, UN or specific, and/or indicators of withholding on interests, dividends and royalties) but I intend to keep a balance between depth and simplicity.

I look forward to having ready a initial version of the DTG by the end of the month, including OECD members, Europe and America.

La ley 35/2006, de 29 noviembre, de medidas de prevención del fraude fiscal, incluyó la reforma del artículo 16 del impuesto de sociedades, modificando el régimen de operaciones vinculadas. En líneas generales, establece, como principio general, que las operaciones entre partes vinculadas deben valorarse fiscalmente a precios de mercado. Anteriormente, el régimen de operaciones vinculadas sólo entraba en juego cuando, de la valoración dada por las partes, se determinaba una tributación inferior en España, o un diferimiento de dicha tributación. El foco principal del régimen, era y sigue siendo, las políticas de transferencia de precios de las compañías multinacionales, y su función principal, evitar la disminución de la tributación en el Estado. Esta modificación legislativa proviene, por un lado, de la adaptación de las líneas generales de la OCDE y de la Unión Europea (DPT UE, 2006/C 176/01) en curso, en materia de transferencia de precios, y por otro, de la reacción de los Estados europeos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE en el caso Lankhorst-Hohorst, en 2003, que ya obligó a la modificación del artículo 20 del impuesto de sociedades, relativo a la subcapitalización, por establecer medidas más restrictivas contra residentes en otros estados miembros que para nacionales ¿Que el TSJE afirma que establecer restricciones legales adicionales para sociedades o establecimientos permanentes residentes en otros estados de la Unión va contra el principio de libertad de establecimiento? No hay problema, se establecen las mismas restricciones para todos, residentes o no, y dejamos al albedrío de la administración tributaria en qué casos aplicar el régimen, que seguirá siendo... cuando se derive una inferior tributación o un diferimiento de la misma en España, claro.

La consideración de operaciones vinculadas se extiende, afectando no sólo a una sociedad, a sus socios, administradores, consejeros, y los cónyuges y familiares de los mismos en línea directa y colateral, por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado (esto afecta a los testaferros por excelencia en España, que han venido siendo los cuñados) sino también, a todas las personas anteriores, respecto a otras sociedades del grupo.

El régimen establece la obligación de llevar una documentación relativa a la valoración de las operaciones vinculadas, y recoge los métodos recomendados por la OCDE: precio libre comparable, coste incrementado, precio de reventa, y si no pueden emplearse los anteriores, distribución del resultado y margen neto del conjunto de operaciones. Aún estamos pendientes del desarrollo reglamentario para conocer más detalles sobre los requisitos de la documentación que debe ser archivada para poner a disposición de la administración tributaria en caso de requerimimiento. Lo que sí establece la ley es un régimen sancionador muy duro para el error, falsedad u omisión en la llevanza de la documentación relativa a operaciones vinculadas, con sanciones de hasta 1.500 euros por dato, si no hay corrección valorativa, hasta un 15% del importe de la corrección, si resulta una modificación de valoración de la operación.

En el caso de servicios de apoyo a gestión, en la distribución de costes generales, no directamente imputables, y los acuerdos de distribución de gastos de investigación y desarrollo, establece el requisito de la existencia de un acuerdo expreso, siempre que dichos gastos produzcan o puedan producir un beneficio o utilidad en la unidad a la cual el gasto se repercute, y que la distribución atienda a criterios de racionalidad, con preferencia por el reparto en función del beneficio atribuible a cada unidad.  Las condiciones del acuerdo, incluyedo sus posibles modificaciones, deben constar de forma expresa. Una vez más, todo queda pendiente de desarrollo reglamentario.

Se establece la posibilidad de negociar acuerdos de valoración vinculantes con la administración tributaria, que pueden ser válidos para el ejercicio en que se produce el acuerdo y hasta los cuatro siguientes, aunque el proceso está pendientes de desarrollo reglamentario. 

Mención aparte merece el punto 16.8,  que establece la potestad de la administración de modificar la calificación de una operación, a efectos fiscales, de una forma distinta a la planteada por las partes (lo que se denomina ajuste secundario) Nótese que esto supone la aplicación del artículo 16 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, sobre la posibilidad de la administración de recalificar rentas cuando existe simulación. Y pone un ejemplo, o énfasis, inquietante, por lo frecuente de la situación "En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad."

Cabe plantearse si la mayor exigencia en materia de operaciones vinculadas, en ausencia de reglas claras y definidas, está provocando una situación de inseguridad jurídica para las empresas, ante una cuestión tan discutible como cuál es el valor justo que dos partes no vinculadas asignarían a un servicio o producto en condiciones de competencia, o cuál es el margen o el beneficio razonable que debería obtenerse en una transacción o negocio. La experiencia me dice que, finalmente, se trata de una carta más en la baraja de la administración tributaria, como la gran mayoría de medidas de la ley 35/2006, o como el conflicto en la aplicación de norma tributaria o el levantamiento de velo de la ley 58/2003, que ponen a disposición de la administración un conjunto de herramientas con las que perseguir la elusión y el fraude fiscal, o... simplemente cometer abusos con el contribuyente bien intencionado.

It´s not a secret that property market boom in Spain has passed away. Prices are no longer rising, in real terms at least. Spanish property prices are 197% higher than a decade ago (that is, almost triple), and the average Spanish home now costs 7.5 times average earnings of an employee. In the other hand, Spain received during the period 2003-2007 nearly one million immigrants, and it´s assumed that nearly other 600.000 remain unregistered in Spanish territory. Total Population has increased from 39 million to 44 million in a decade. Difficulties to receive mortgage loans, and lack of affordable housing is creating social problems and resentments, and housing is now one of the top 3 voter concerns in Spain. Since 2004, the Government has been promoting leasing market as solution for this problem. One of this measures, it´s the special corporate income tax regime for companies in the residential leasing business, as described in article 53 and 54 of the Spanish Corporate Income Tax Law.

Companies may benefit from this special regime if:

- Offer ten o more houses for leasing, during a whole tax year.

- Only houses with 135m2 maximum built surface are computable.

- Any house to be considered under this regime must be offered for leasing continuously during seven tax years. This requires a separate account for every unit, as benefits arising from any house failing to comply with the seven years formula must be proportionally returned.

- The company may carry out other businesses, but 55% or more of the total income must be derived from leasing activities. This requires a separate account for every business and an adequate distribution of overhead expenses.

The main benefit of the regime is an 85% discount on the general corporate tax rate, on the income arising from above activities. For 2008, this means an effective rate of 4.87% and double tax relief on dividends is still applicable.  Tax advantages combined with the growing leasing market in Spain makes this regime quite an opportunity.

Incomes and capital gains of non residents –individuals and corporate bodies- in spanish territory are subject to Impuesto de la Renta de No residents (IRNR); lets have a look, from the corporate side, to this tax.

As usual, the first test regarding the IRNR law is whether the non resident corporate body has a permanent establishment in Spain, and the criteria is similar to those in OECD conventions, a fixed place of business, that may be a place of management, a branch, a factory, an office, a point of sale or distribution, a workshop, a mine, a quarry, a durable installation or construction, or an agent with powers to bind the foreign company.

If the activities are carried out by means of a permanent establishment (PE) in Spain, the tax base of the PE is calculated in accordance with the provisions on the general system of the Corporate Taxation Act (currently, 30% general rate, 25% for small companies) and the system of offsetting negative tax bases is applicable (fifteen years) with the following special features,

a) Application of the arm´s length regulations for the operations carried out by the PE with it head office or with another PE of the same head office,

b)In general, the payments made by the PE to the head office for royalties, interest, commissions, technical services and the use or transfer of goods or rights are not deductible and

c) Part of the general and management expenses attributed to the PE by the head office is deductible, provided these expenses are reflected in the PE's accounting statements and are attributed continually and rationally

In addition, when PEs of non-resident organizations transfer income abroad, a complementary tax (withholding) of 18% is charged on the amounts transferred.

This tax is not applicable to those PEs whose head office has its tax residence in another EU Member State or a country that has signed an agreement with Spain in which another system is not expressly established.

If there is not permanent establishment in Spain, we have three cases, a) international purchases and sales of merchandise, including auxiliary expenses and mediation royalties, that are not deemed to take place in Spain, thus not subject to IRNR, b) 

Income deriving from economic activities carried out in Spain (except for income deriving from the installation or assembly of machinery or equipment supplied from abroad, when the installation or assembly operations are performed by the supplier and the corresponding amount does not exceed 20% of the purchase price) are subject to IRNR, and c)

Income from services rendered to support economic activities carried out in Spain, are subject to IRNR. That is the case of a british company being paid a commision for sale from a resident company, sale corresponding to activities carried out in Spain.

In the absence of EP, the tax base is calculated based on the difference between the gross income and Staff costs, Cost of supplies and Utilities (any other expenses are not deductible). A general rate of 24% (withholding tax) is applicable to the resulting tax base. When a double tax treaty with Spain exists, the non resident corporate body may avoid the withholding tax by passing a certificate of residence issued by its revenue authorities.

Income of managers and members of boards of directors (or other bodies that perform the same function) and representative bodies, are subject to IRNR, when paid by a resident body corporate, at 18% rate.

Income from Dividends and other income from participation in the equity of resident bodies corporate, are subject to IRNR, at 18% rate. In accordance with Parent Subsidiary EU Directive, earnings distributed by resident subsidiaries in Spain to their parent companies that are residents of other EU Member States are exempt, provided the parent company holds a direct stake of at least 15% in another company (10% from 2009). This exemption was not applicable where the parent company was resident of a country or territory classified as a tax haven, but after the double tax treaty with Malta, Spain haven´t got any black listed territories in the EU, apart from the exception made in the Double tax treaty with Luxembourg, regarding the 1929 holdings.

Interest and other income from third-party loans paid by resident individuals or bodies corporate or PEs located in Spain, or interest and other income from loans of capital used in Spain, are subject to IRNR, at 18% rate.

Here again, interests are exempt (following the Lankhorst sentence from the European Court in December 2002 and EU Directive 2003/49/CE) when obtained by residents in other European Union (EU) Member States or by said residents' PEs in other EU Member States, except when obtained through a tax haven.

Royalties received from resident individuals or bodies corporate or PEs that are located in Spain, or royalties that are used in Spain, are subject to IRNR, at 18% rate.

A rate of 10% shall be applicable to royalties paid to a body corporate that is a resident of an EU Member State or a body corporate permanent establishment (PE) in another EU Member State (as resulting of EU Directive 2003/49/CE)

Income derived directly or indirectly from real-estate property located in Spain or from real rights derived there from (as rentals), is subject to taxation, at 24% rate. There is a special tax on holding of real estate properties by non resident corporate bodies, at 3% on taxable value of property, but it´s not applicable in case of Double tax treaty, or where the company carries out any economic activity (not just investments) in Spain, or where the company is public and quoted in any official market.

Capital gains are generally taxable, as those arising from investments in securities issued by resident individuals or bodies corporate, or any moveable property located in Spain or rights realizable in Spain, at 18% rate.

But there are important exemptions, a) in case of transfers of securities or sales of shares in investment funds, if they were carried out on official secondary securities markets in Spain and obtained by individuals or bodies corporate that are residents of a country with which Spain holds an agreement that includes a data exchange clause, provided said income is not obtained through a tax haven and b)

When obtained by residents in other European Union (EU) Member States or by said residents' PEs in other EU Member States are exempt, except when obtained through a tax haven.

Capital gains from real-estate property located in Spain are taxable at 18%

This includes capital gains derived from the transfer of shares, stakes or other rights in a body corporate, whose majority of assets consists of real estate property located in Spain.

Capital gains that are derived from the transfer of shares, stakes or other rights in a body corporate, in whose share capital or equity the taxpayer has directly or indirectly held at least a 25% stake during the 12 months prior to said transfer, are taxable at 18%

Yields from investments in public-debt securities, except when obtained through a tax haven, yields and capital gains from securities issued in Spain by non-residents, and yields of non-residents bank accounts are exempt.

Spain has a network of 60 double tax treaties available, and at least 7 under advanced negotiation.

UK Limited Liability Partnerships (LLP´s) are becoming popular in tax planning. Its corresponding legislation was passed in 2000. An LLP is a separate legal entity under UK law. It is a body corporate. It has unlimited capacity. All the members of an LLP have limited liability (unlike the old partnership or limited partnership). All of the members can participate in the carrying on of the LLP's business. The relationship between the members themselves, and that between the members and the LLP may be governed by a written membership agreement: any such agreement will be a private document, and it is not filed at Companies House.

For an LLP to be incorporated there must be at least two persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit. Those two persons can be individuals, companies, trustees or partnerships and they can be resident anywhere in the world. The process of incorporating an LLP is similar to that for a limited company. An LLP is incorporated by delivering an incorporation form. This contains details of the name of the LLP, its legal domicile, the names and addresses of each of its members and its registered office address. The form must be delivered to the Registrar of Companies. An LLP must have at least two designated members. In the event that an LLP has no designated members, or only one, every member of the LLP is deemed to be a designated member. Designated members have certain duties to perform - for example, the signing of the accounts and its delivering to the Registrar of Companies. Their responsibilities are similar to those of directors of a limited company.

So long as the LLP is carrying on a trade, business, profession or investment, with a view to profit, it will be fiscally transparent for income tax and capital gains tax purposes. It´s must file annual returns and annual accounts with the Registrar of Companies, and a partnership tax return with the Inland Revenue. But if the LLP does not carry on any trade in the United Kingdom, and has no other UK-source income, that tax return will be a nil return.

In tax terms, the profits and losses of an LLP are attributed to its members ¡n accordance with the terms of the profit and loss sharing arrangements set out in any membership agreement, subject only to statutory adjustments in respect of, for example, relief for losses. Furthermore, the profit and loss sharing ratios can be changed between the members themselves at any time, and any such change can be effected without giving rise to any adverse UK tax consequences. That being so, if all the members of an LLP are non-resident and the LLP does not carry on a trade in the United Kingdom but it carries on a trade, profession or other business outside the United Kingdom, there will be no income tax or capital gains tax issues for the members themselves, and in respect of the partnership return, as I have already mentioned, it will be a nil return. Regarding Inheritance tax, an LLP is fiscally transparent.

People regard LLP´s as offshore companies, but they are not. It must comply with tax, accounting and legal obligations as any other British company or corporation. But it´s quite an interesting tax planning vehicle.

La subcapitalización es una herramienta habitual en la planificación fiscal; literalmente, consiste en financiar, en lo posible, una filial, con empréstitos, en lugar de capital. El motivo principal, que la filial puede deducir los intereses abonados a efectos del cálculo del impuesto de sociedades, mientras que el dividendo se paga después de impuestos. En España, además, hay otro argumento a favor de la subcapitalización, el 1% sobre las aportaciones de capital correspondiente al impuesto de actos jurídicos documentados, más los gastos de correspondientes de notaría y registro, tan propios de un sistema jurídico mercantil tan formal como el español.

Para evitar la disminución de tributación en territorio español, en el caso de que la matriz sea no residente, el artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sociedades española, establece que el endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto, de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otras personas o entidades no residentes en territorio español con las que esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra del capital fiscal (fondos propios, sin incluir el resultado del ejercicio), los intereses devengados que correspondan al exceso tendrán la consideración de dividendos. Este ratio es similar al existente en el Reino Unido o Alemania.

Desde la sentencia del STJCE, de diciembre 2002, caso Lankhorst, y las consiguientes modificaciones legislativas, esta restricción no se aplica en el ámbito de entidades residentes en la Unión Europea.

Sin embargo, la sentencia del STCJE, de marzo de 2007, caso Test Claimants, incide en la validez del ratio 3:1, afirmando que los intereses abonados por una filial residente a una matriz no residente se calificarán como beneficios distribuidos (lo que se llama ajuste secundario o recalificación de rentas) si superan lo que dichas sociedades hubieran pactado, en condiciones de libre competencia, como si no pertenecieran al mismo grupo de sociedades. De este modo, se fundamenta la fijación del límite de subcapitalización, en el mismo concepto que el régimen de operaciones vinculadas, introducido en España con la nueva redacción del artículo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades. La sentencia va más allá, al juzgar innecesario que el ajuste secundario sea bilateral, es decir, el país de la filial residente puede recalificar intereses pagados por la misma como dividendos, pero el país de la matriz no residente no está vinculado por dicha calificación, pudiendo seguir considerando los mismos como intereses, algo que va en contra de la lógica, y del camino hacia un sistema fiscal armonizado.

As you know, non residents are not generally subject to capital gains tax in the UK, even where the assets from which the gain is derived are situated in British Territory. In the other hand, the United Kingdom has a capital gain tax regime for the trust companies incorporated in the United Kingdom, or managed and controlled there, which manages trusts as a business and acts as Trustee of a settlement made by a non-resident. These companies are treated, in its capacity as Trustee, as non resident and are therefore not subject to capital gains tax on gains it makes in that capacity. Regarding income (as dividends or interests), the trust can be transparent for income tax, with the result that non-UK income can pass through the trust to a non-resident beneficiary, without attracting any UK Tax. The key lies in the ability of the trust to qualify as UK tax resident for the purposes of the double tax treaties between UK and other EC countries, and benefit from EC Directives (as Parent-Subsidiary, for dividends) and EU law of precedent (as the Lankhorst sentence, for interests);

An example of this is that of an investor, not resident in any EU country, who plans to acquire a major share in a Spanish company. He would be subject to capital gains tax in Spain on disposal of the investment (at 18% rate) and withholding tax on dividends received (at 18% rate). Instead, he incorporates a company in an offshore jurisdiction, to act as settlor and beneficiary of a British trust, with two or more trustees, one of them UK resident, and the rest non resident. The UK trustee makes the investment in the Spanish company.

 Dividends paid out by the Spanish Company will pass through the UK trustee: they are not income of the trustee but income of the income beneficiary and therefore not subject to UK tax.

If we had only one UK resident trustee, and instead of paying out the dividends, accumulates them for the ultimate benefit of the beneficiary, it would be regarded as income of the UK trustee, and subject to taxation in the United Kingdom. But we have more non resident Trustees, so the UK Trustee will be treated for domestic purposes as non-resident and the trust income which has its source outside the United Kingdom will not be subject to UK tax, even if it is actually received by the UK trustee. The UK Trustee, in that position, will be treated as non-resident as regards the trust income, just as it is as regards the trust capital gains, but it is actually resident: it pays its tax on other income - its trust fees for instance - in the ordinary way, and it is still a resident of the UK for the purposes of a Tax Treaty, and a company of a member state for the purposes of the EU Parent Subsidiary Directive.

In case of disposal of the investment, the capital gains are realized by the UK Trustee, but they are exempt from UK tax because it would be acting in the capacity of trustee of a settlement made by a non-resident, and exempt from Spanish tax under the terms of the treaty between the United Kingdom and Spain, and the Spanish non resident tax rules (provided total share in the company represented 25% or less, in the 12 months previous to the disposal)

  All this makes the UK Trust an interesting tax planning vehicle, worth to consider.